LA COMISION INSTRUIDA EN BOLIVIA - Abogados Especialistas en Derecho Civil
LA COMISION INSTRUIDA
EN BOLIVIA
LA COMISIÓN INSTRUIDA: CONCEPTO, ORIGEN Y FUNDAMENTO LEGAL
La
comisión
instruida es un mecanismo procesal civil de Bolivia mediante el
cual una autoridad judicial ordena a otra autoridad (judicial o policial)
ejecutar diligencias fuera de su competencia territorial. Por ejemplo, si un
demandado vive en otra jurisdicción, el juez librará una comisión instruida
para que se le cite o notifique a través del juzgado correspondiente. Este
recurso aparece en el Código de Procedimiento Civil
de 1975 y su versión actual (Ley 439 de 2013) como forma de comunicación entre
tribunales de distinta jerarquía o territorio. En la práctica procesal boliviana la
comisión instruida se emplea frecuentemente para efectuar notificaciones a
nivel nacional cuando el juez local no puede realizarlas directamente.
ORIGEN E INFLUENCIAS PROCESALES
La
comisión instruida proviene de la tradición del derecho procesal continental
(inspirada en el Código Francés Napoleónico), que distinguía entre exhortos
(dirigidos a jueces de igual rango) y órdenes instruidas (a jueces
inferiores) para diligencias extraterritoriales. En Bolivia, el antiguo CPC
1975 reguló esta materia en los artículos 113 y 114: el juez
que no pueda cumplir personalmente una diligencia dentro de su jurisdicción
puede comisionar a otra autoridad (art. 113), y para diligencias fuera de su
jurisdicción librará exhortos a pares o órdenes instruidas a superiores o
inferiores.
Aunque el Código procesal civil boliviano vigente (Ley 439 de 2013) reorganiza
estas figuras, conserva la comisión instruida como forma de comunicación
judicial interna.
Por lo tanto, su origen está en el propio Código procesal boliviano (desde
1975), con raíces doctrinales en los sistemas procesales occidentales de corte
civilista.
FUNDAMENTO LEGAL
En
Bolivia la comisión instruida está respaldada principalmente por el Código de
Procedimiento Civil. Según el artículo 123 del CPC 1975 (vigente hasta su
reemplazo gradual), “cuando el que debe ser notificado no tuviere su domicilio
o no se encontrare en el lugar donde se le demanda, será citado por comisión”. Más aún, el
artículo 114 (CPC 1975) dispone que, si hay que realizar diligencias fuera de
jurisdicción nacional, el juez librará exhortos suplicatorios,
mientras que entre autoridades de distinto rango se usan órdenes instruidas. En el Código
Procesal Civil actual (Ley 439/2013), las comisiones a otras autoridades están
contempladas en el capítulo de cooperación nacional e internacional: por
ejemplo, el artículo 494° establece que las diligencias en el extranjero se
tramitan mediante exhorto suplicatorio, y aplica reglas afines a comisiones
originarias del exterior.
En conjunto, el marco legal boliviano autoriza expresamente que el juez
encargue una comisión instruida “a cualquier autoridad judicial y/o
policial” competente, siempre que no haya prohibición legal
(art. 113 CPC).
Puntos clave del fundamento:
·
El
CPC
1975 distinguía entre comisiones (dentro de misma jurisdicción) y
órdenes instruidas (fuera de ella).
·
El
CPC
2013 (Ley 439) reagrupa estos institutos en cooperación judicial;
mantiene la facultad de encargar diligencias a otro juez o autoridad competente.
·
Adicionalmente,
normas transitorias y reglamentos del Órgano Judicial detallan procedimientos
de notificación (como buzón digital, Oficinas Gestoras), que integran la figura
de la orden/ comisión instruida como medio formal de comunicación.
FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD
La
comisión instruida tiene el fin de garantizar el acceso a la justicia y la
debida notificación de las resoluciones judiciales, superando
los límites territoriales. Entre sus objetivos principales destacan:
·
Notificar al demandado: cuando vive fuera de la
jurisdicción del juez que tramita el proceso, éste ordena comisionar a otro
juez para que cite por cédula o comisión (art. 123 CPC).
·
Realizar diligencias
extrajudiciales:
embargo de bienes, recibo de declaraciones de testigos, allanamientos u otras
actuaciones que exigen actuar en distinta localidad.
·
Asegurar celeridad y eficacia
procesal:
al delegar en autoridades cercanas al domicilio del notificado, se evitan
retrasos y se cumple el principio de celeridad procesal.
·
Preservar el debido proceso: al establecer plazos y
formalidades (mandamiento de notificación firmado, presencia de testigos si es
necesario), se protegen los derechos de las partes y se evitan nulidades.
Así,
la comisión instruida contribuye al principio de unidad jurisdiccional y a que
los actos procesales surtan efecto en todo el territorio nacional. Sin ella, un
demandado en otra ciudad quedaría fuera del conocimiento del proceso y se
vulneraría el derecho a la defensa.
En
la práctica, la comisión instruida suele expedirse por escrito con número de
oficio (como un mandamiento judicial) y especifica la diligencia a practicar y
la autoridad comisionada. En casos documentados por el Tribunal Constitucional
Plurinacional, se menciona cómo el juez emisario “dispuso la emisión de la comisión
instruida 163/2018… con la finalidad de notificar” cierta providencia. Es decir, la
comisión instruida tiene efecto inmediato: al entregarse al juzgado receptor,
este la sorteó y un funcionario llevó a cabo la citación siguiendo los
requisitos legales.
DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA RELEVANTE
En
la doctrina procesal se destaca que las comisiones (incluso la instruida) son
“comunicaciones establecidas entre órganos jurisdiccionales para practicar
alguna diligencia”.
Aunque la jurisprudencia boliviana sobre la comisión instruida es escasa en
fuentes públicas, el Tribunal Constitucional la menciona al revisar amparos por
notificaciones defectuosas. Por ejemplo, en una sentencia de 2019 se detalla
que el juez cometió omisión indebida al librar comisiones instructivas
(n°163/2018 y 168/2018) para notificar liquidaciones de pensiones, evidenciando
el uso procesal de estas comisiones.
Esto ilustra que el sistema judicial considera la comisión instruida como un
acto formal sujeto a supervisión judicial.
Aunque
no hay doctrina académica específica publicada, este mecanismo se enseña en las
facultades de derecho como parte de los actos de comunicación judicial (junto a
exhortos, provisiones, cartas acordadas, etc.). Se subraya su importancia para
la cooperación judicial interna: sin comisión instruida no sería factible
avanzar en procesos con partes residiendo en regiones diferentes.
CONCLUSIONES E IMPORTANCIA
La
comisión instruida es un instrumento procesal clave en el derecho boliviano:
permite que el proceso se desarrolle eficazmente más allá de las fronteras de
un solo juzgado. Su importancia radica en:
·
Garantizar el debido proceso en todo el territorio
nacional, asegurando que el demandado sea notificado y pueda ejercer su
defensa.
·
Eficiencia procesal, al evitar que la falta de
competencia territorial paralice la causa.
·
Seguridad jurídica, pues la Comisión Instruida
se emite con formalidad y puede recurrirse como cualquier acto procesal,
evitando “vacíos” jurídicos.
En
suma, al fundamentarse en la ley procesal (CPC) y ser aplicado por tribunales
(incluso el Constitucional), el instituto de la comisión instruida cumple los
fines de facilitar la administración de justicia plural y efectiva en Bolivia.
Abogados Especialistas en Derecho Civil
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Análisis y Edición: Julián Nicanor Dávila Núñez
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Análisis y Edición: Julián Nicanor Dávila Núñez
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